Según el Banco Mundial, 16 de las 20 ciudades más contaminadas se encuentran en China, donde hasta 750.000 personas pueden morir al año por estas causas. En los últimos meses las protestas más multitudinarias y violentas han sido por temas referidos al medioambiente.
La semana pasada, por ejemplo, se cerró una fábrica de paneles solares que realizaba vertidos tóxicos sin ningún tipo de tratamiento. Los habitantes de Haining, en la provincia oriental de Zhejiang, la culpan de haber provocado al menos 40 casos de cáncer y leucemia, mientras las autoridades confirman que los niveles de flúor son diez veces superiores a lo permitido. La empresa ha sido multada con más de 250.000 dólares.
El caso de Jingko Solar deja en evidencia dos importantes cambios sociales que van a marcar el rumbo de China: la creciente concienciación medioambiental, ligada más a la preocupación por la salud personal que a la conservación de la naturaleza, y el control que ejercen los ciudadanos al Gobierno a través de las redes sociales.
En Dalian, más de 12.000 personas tomaron las calles para exigir el traslado de una planta química, después de que una tormenta dañase los muros de contención. En un principio, las autoridades optaron por la vía de la represión, pero la magnitud que estaba tomando el asunto en las redes sociales les hizo cambiar de idea y decidieron cerrar la planta.
Esta ciudad costera ya estaba sufriendo las consecuencias de un vertido de petróleo de una plataforma de extracción y el ánimo de la población amenazaba con incendiarse definitivamente.
No son los únicos casos. Desde julio de 2009, cuando unos campesinos de Hunan se enfrentaron al Gobierno por la polución de otra planta química, el número de protestas no ha dejado de crecer y la mayoría arremete tanto contra las autoridades como contra las empresas.
La connivencia entre ambos es más que evidente. De hecho los gobiernos locales han falsificado análisis de niños contaminados por plomo y quienes residen cerca de industrias sucias, se muestran reticentes a pasar los controles sanitarios en hospitales de la zona, que pueden estar bajo la presión de las empresas o de las autoridades.
Los residentes de Pekín, por ejemplo, consideran una burla que el Gobierno asegure que la capital había disfrutado en 2009 de 285 días azules, una etiqueta que el Ministerio de Protección Medioambiental otorga a cada jornada en la que la calidad del aire es "buena o mejor".
